En la Unión Europea ya no será posible hacer transacciones con criptomonedas de manera anónima. La Unión Europea así lo ha decidido, después de que los representantes de la UE en el Parlamento Europeo, así como de los gobiernos nacionales de cada uno de los países que forman parte de la Unión, hayan aprobado una nueva ley para que las normativas y leyes que regulan las transacciones establecidas con fondos y monedas convencionales sean también aplicables a las criptomonedas.
Esto quiere decir que quienes hagan transacción con cualquier tipo de criptomoneda tendrán que identificar a quién la hace, así como a quién es el destinatario de la operación. Además, no importará si la cantidad es pequeña o grande. Será obligatorio identificar a los emisores y receptores de transacciones con criptoactivos en todos los casos. Independientemente de si se trata de operaciones grandes o pequeñas.
Se trata de una normativa, por tanto, que es más rígida que lo propuesto en un primer momento por quienes elaboraron el proyecto de ley. En su texto solo se pedía identificar a los participantes en transacciones por un valor equivalente a más de 1.000 euros. Esto se ha desechado porque una transacción grande se podía convertir en miles de pequeñas, y evitar así tener que identificar a los participantes.
La nueva normativa es en realidad una adaptación y actualización de la TFR (Regulación de transferencias de fondos), que tiene como objetivo luchar contra el blanqueo de capital. Las entidades de gestión de criptomonedas tendrán que aplicarla de manera obligatoria. De otra manera entrarán en una lista negra. Y tendrán que cumplir con las sanciones que fija la Unión Europea a distintas entidades y países. Como sucede con Rusia.
La nueva ley también establece que cuando las transacciones se lleven a cabo mediante monederos autocustodiados, es decir, particulares, dado que los gestores de criptomonedas no intervienen en ellas, los proveedores de servicios tendrán que valorar el riesgo de los monederos para ver si transaccionan con ellos.
También se ha abordado la petición de un libro blanco con un plan de negocio a las entidades que quieran contar con autorización para emitir criptoactivos. Más adelante se elaborarán otras normas que registrarán qué debe registrarse en un análisis de la actividad que tendrá que realizar el sector, lo que tiene como objetivo actuar para reducir el impacto en el medio ambiente que tiene el sector de las criptomonedas.
Las normas serán las mismas para toda la UE, y ahora solo queda por ver quién será quien se encargue de la supervisión del sector. El Parlamento Europeo piden que sea la Autoridad Europea de Valores y Mercados, mientras que los representantes de los distintos países miembros piden que sean sus comisiones y entidades de supervisión nacionales las que se ocupen. En el caso de España, entonces, si se opta por esta segunda solución, se encargaría de ello la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
